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Un miembro de la Comisión Provincial por la Memoria dijo que en el Servicio Penitenciario Bonaerense hay alrededor de 15 mil personas que no deberían estar detenidas. Desde el Ministerio de Justicia negaron que una liberación masiva sea la solución.

 

La cartera que conduce Julio Alak negó que el gobierno de Axel Kicillof evalúe liberar miles de presos para enfrentar la superpoblación carcelaria. La aclaración se dio luego de que desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresaran que existen unos 15 mil presos y presas en condiciones de salir del sistema.

 

En medio de una grave crisis humanitaria que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Justicia de la Provincia diagramó una mesa de diálogo de la que participan diferentes sectores. La CPM participa de esa instancia y su coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares, dijo en diálogo con Radio Continental que “entre 10 mil y 15 mil sería el número que se reconoce que estaría en condiciones de tener que salir”.

 

“Entran muchas personas y salen pocas”, dijo Pomares sobre el Servicio Penitencia Bonaerense, y pidió “racionalizar el sistema”. Sobre esto, culpó al uso “exacerbado” de la prisión preventiva y estimó que “hoy el 50% de las personas que están en el sistema están con prisión preventiva”.

 

Sobre quiénes habría que evaluar las condiciones de detenidos y detenidas, el miembro de la CPM dijo que "hay personas con enfermedades graves, mujeres con hijos y una serie de colectivos de personas que están dentro de las unidades carcelarias y de las dependencias policiales que no tendrían que estar".

 

"Hay que descomprimir el sistema, sacando a aquellas personas que no tendrían que estar detenidas hoy ni en comisarías ni en cárceles", propuso.

 

De todas formas, Pomares aclaró que la solución no radica en “abrir una puerta y que salgan 10 mil o 15 mil personas, sino de generar mecanismos que permitan progresivamente generar un sistema mucho más racional”.

 

Pese a esta aclaración, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza la mesa de diálogo, desmintió los dichos de Pomares. “La mesa interinstitucional de diálogo nunca analizó medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas por el Poder Judicial”, afirmaron en un comunicado.

 

Por otro lado, informaron que “a 19 días hábiles de la gestión se normalizó la provisión de alimentos, de medicamentos y se pudo crear la mesa ejecutiva con la función de aliviar la crisis penitenciaria, que tiene una superpoblación del 110%.”.

 

Por último, anticiparon que “el próximo 5 de febrero una representación de la mesa comenzará a visitar unidades penitenciarias para ver la realidad edilicia y escuchar y atender a los internos y familiares de detenidos”.